Seguridad

El Gobierno boliviano ordenó ejecuciones y torturas en el caso Rosza, según informe de la CIDH

El documento hace referencia al operativo realizado la madrugada del 16 de abril de 2009 y que dio inicio al denominado “caso Rosza”, cerrado por la justicia años después. El Estado boliviano puede ir a un juicio internacional por este caso

25-09-2022

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un informe aprobado el 21 de diciembre de 2021, concluyó que la madrugada del 16 de abril de 2009 el Gobierno boliviano ordenó la ejecución y torturas en contra de un grupo supuestamente armado en instalaciones del hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este operativo dio inicio al “caso Rosza”, también conocido como “caso terrorismo”, que se cerraría tras largos años de juicio y luego de que no se pudieran comprobar los delitos imputados.

La CIDH brindó cuatro recomendaciones para que el Estado evite ir a un juicio internacional.

El documento señala que el gobierno de entonces, a la cabeza de Evo Morales, dio la orden para proceder en el operativo sin tener orden judicial ni fiscal, y que la Policía de Santa Cruz no fue tomada en cuenta, pues “todo estuvo cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y tenían la orden de no intervenir”, dice textualmente el informe publicado este domingo por el periódico El Deber.

En aquella oportunidad un grupo de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis entró al hotel Las Américas, subió al cuarto piso e ingresó a las habitaciones donde utilizaron sus armas de fuego para abatir a Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Miche Dwyer; Elöd Tóásó y Mario Tadic quedaron arrestados.

Según el documento, la noche del 15 de abril de 2009 las cámaras del hotel se apagaron y unos minutos antes del operativo (cerca de las 03:00 de la mañana del 16 de abril) se cortó el servicio de internet y no se restableció hasta seis horas después. Se sospecha que los videos y registros fueron eliminados.

La Comisión hizo el análisis de las detenciones y torturas contra Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Sobre los dos primeros, indicaron que fueron detenidos en el hotel Las Américas sin orden judicial. El fiscal Marcelo Soza, que fue asignado al caso aparecería horas después y recién firmaría los mandamientos.

Las órdenes fueron emitidas por el caso del atentado de la casa del extinto cardenal Julio Terrazas, suceso que se había registrado unos días antes y cuya vinculación con los detenidos nunca fue comprobada.

Sobre Tóásó el informe señala que no hay registro del hallazgo de armas y en la de Tadic no se evidenció señales de un intercambio de fuego, como señalan los informes policiales.

“En consecuencia, la comisión estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria. El estado es responsable de la violación de su derecho a la libertad personal, basada en que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal ya que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condición fijadas en la Constitución, las leyes o partes dictadas conforme a ellas”, dice el documento.

La Comisión evidenció que “los graves actos de tortura cometidos contra las cuatro víctimas no merecieron una investigación adecuada por parte de las autoridades judiciales bolivianas”.

El documento señala que pese a que, cuando fueron presentados, Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza, mostraban señales de maltrato ni el Ministerio Público en La Paz ni los juzgados ordenaron investigar de oficio la ejecución de posibles torturas.

MUERTE DE DWYER

El informe de la CIDH además reconstruye paso a paso la muerte del ciudadano Irlandés, Michael Dwyer y señala que hay indicios suficientes para determinar que se trató de una ejecución.

La CIDH analizó las dos versiones sobre el hecho, la señalada por el gobierno de Evo Morales, que dijo desde un principio que la muerte se produjo en un enfrentamiento y la segunda de la familia de Dwyer, que basada en las declaraciones de testigos y una autopsia realizada en Irlanda, denunciaba que fue asesinado a tiros en un aeropuerto, mientras estaba arrodillado e indefenso.

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores de la CIDH analizaron las autopsias realizadas en Bolivia, el exterior y peritajes independientes.

Se comprobó que Dwyer recibió un disparo en el pecho y luego otros cuatro tiros en la espalda “lo cual evidencia ventaja en la posición de los funcionarios”.

“Podrían haberle disparado en el pecho a una distancia de al menos unos pocos metros que cayó hacia adelante del piso, al ser herido de esta manera. Luego le dispararon cuatro veces en la espalda mientras yacía muerto o agonizante en el suelo”, señala el informe de la perito Marie Cassidy, citado en el documento de la CIDH.

Lo que fue detectado a través de una autopsia coincide con el relato de Mario Tadic y Elod Tóásó, que aseguran haber visto cómo Dwyer fue asesinado de rodillas y esposado.

LAS CUATRO RECOMENDACIONES

Son cuatro las recomendaciones que el país debe obedecer en caso quiera evitar un juicio ante un tribunal internacional de derechos humanos:

1. El Estado debe reparar las violaciones cometidas, asumiendo medidas de distinto carácter, tanto de compensación económica como de satisfacción.

2. El Estado, debe ordenar que las víctimas sobrevivientes reciban atención en salud física y mental para lograr su rehabilitación plena.

3. El Estado debe ordenar una investigación diligente para sancionar a los responsables de estos hechos.

4. El Estado debe tomar medidas para que este tipo de hechos no se repitan en un futuro.

El informe de la CIDH fue aprobado el 21 de diciembre de 2021, y fue firmado por Antonia Urrejola, que en ese entonces aún era presidente de la CIDH; la primera vicepresidente, Julissa Mantilla Falcón; la segunda vicepresidente, Flavia Piovesan. También suscriben las comisionadas Maragarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena.

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