Caso Fassil: Defensa rechaza unificación de procesos, anuncia apelación y buscará libertad de imputados el viernes

La decisión de la Justicia de unificar los casos del Banco Fassil en La Paz es cuestionada por los investigados. La defensa de dos de los procesados presentó una apelación a esa decisión, pero además anunció que buscará su liberación en una audiencia que está programada para el viernes.

Este lunes se conoció de forma sorpresiva la decisión de un tribunal judicial de aceptar ese pedido y trasladar la jurisdicción de la investigación a la ciudad de La Paz. Con base en un incidente de conexitud, el Ministerio de Justicia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) solicitaron la unificación de los procesos.

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Samuel Durán, abogado de dos ejecutivos del Banco Fassil en proceso de liquidación, cuestionó esa decisión y afirmó que “el juez anticorrupción de La Paz es incompetente para conocer la causa de Santa Cruz por dos factores, por un tema de territorio y de competencia”.

El jurista argumentó que el juez de Santa Cruz investiga un crédito financiero, es decir, un crédito vinculado, que “es común, no de corrupción”, como sucede en La Paz.

En su criterio, “el juez de La Paz no debió acumular obrados por ser incompetente”.

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Ante ese panorama, la defensa presentó una apelación y alista recursos de orden constitucional para que se revierta la decisión judicial.

“La parte de la defensa ha presentado un recurso de apelación incidental y en las próximas horas se presentarán recursos constitucionales para hacer valer el derecho”, anunció el abogado.

En ese marco, alista una “acción de libertad por violar derechos y garantías directos y por otro lado un recurso de amparo contra la resolución que pudiera dictar una sala penal, pero no hay garantías en La Paz”.

“El proceso, ya sea de legitimación, de delito común o cualquier otro hecho que tenga que ver con el Banco Fassil debería ventilarse en la ciudad de Santa Cruz, el principal problema es que el que administra justicia es precisamente el Ministerio de Justicia y ellos solicitan que se remita esta causa a La Paz a pesar de ser ilegal”, reclamó.

Contraparte

La red UNITEL buscó una entrevista con la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, recientemente posesionada en el cargo, para conocer los argumentos de la solicitud de unificación de los procesos, pero el requerimiento está pendiente.

El abogado Durán teme que, con base en ese reciente antecedente, los próximos pasos procesales y las medidas legales se apliquen considerando como sede del caso a La Paz.

“Que nos asegura que el día de mañana el Ministerio de Justicia no vaya a solicitar una detención preventiva en San Pedro o en Chonchocoro, esto es grave para la seguridad jurídica de todos los ciudadanos porque de alguna manera causa inseguridad a cualquier ciudadano que esté sometido a cualquier proceso en la ciudad de Santa Cruz”, señaló.

Audiencia de apelación

La defensa de los sindicados en este caso espera que se convoque a la audiencia de apelación a la brevedad.

“Esperemos que el juez de La Paz, con la misma celeridad que le dio al Ministerio de Justicia, de llevar una audiencia sin los abogados defensores de los imputados, sin notificar, lleve a cabo la audiencia de apelación o en su defecto remita ante la sala de turno y mediante un auto de vista pueda resolver esta situación y anular el fallo”, dijo Durán.

Asimismo, ultiman la estrategia legal para afrontar la audiencia del viernes en la que se revisara la detención preventiva dictada para los sindicados en este caso.

“El viernes todos los imputados tienen una audiencia en este caso de cesación a la detención preventiva o una ampliación del plazo de la misma”, confirmó.

El abogado consideró que “a la fecha los riesgos procesales han quedado desvirtuados, es decir, hay un arraigo natural en territorio boliviano, por ende, correspondería que se otorgue una medida menos gravosa, es decir, defenderse en libertad como cualquier ciudadano”, en rigor a “un derecho fundamental”.

El jurista remarcó que los bienes de los investigados “han sido gravados y no estamos oponiéndonos” precisamente para garantizar la colaboración en el proceso.