Avasallamientos en Santa Cruz son una represalia por el paro del Censo y vendrán más, señala analista

Al menos cuatro avasallamientos se han registrado las últimas dos semanas en Santa Cruz, hasta la fecha no se conoce de ningún detenido, para el analista Paúl Coca, todo esto ocurre en represalia al paro de 36 días que acató Santa Cruz y por el que el Gobierno se vio obligado a promulgar la Ley del Censo. Advirtió que habrá más acciones contra el departamento cruceño.

“Es una represalia contra Santa Cruz y es una de tantas que se van a venir contra Santa Cruz y el aparato productivo nacional por lo que sucedió con el paro”, manifestó Coca, en contacto con UNITEL.

El 22 de octubre Santa Cruz inició un paro indefinido exigiendo, en principio, que el Censo se realice el 2023. El 13 de noviembre se realizó un Cabildo en el Cristo donde se determinó exigir una norma que garantice que los resultados del empadronamiento censal se apliquen en la redistribución de recursos desde el 2024 y en la reasignación de escaños para las elecciones del 2025, ley que finalmente fue promulgada por Luis Arce.

Para el analista Coca, los avasallamientos registrados los últimos días se explican en el paro que acató el departamento durante 36 días y que se levantó cuando se aprobó la norma en la Cámara de Diputados.

“La ciudadanía tiene que entender que haber parado por el Censo va a traer consigo represalias”, reiteró Coca.

Para el analista lo que está pasando con los avasallamientos en Santa Cruz llama mucho la atención y considera que el Gobierno es cómplice o de lo contrario es el que está gestando la toma por la fuerza de propiedades.

“La Policía ya debería tener detenidos”, señaló.

Los últimos días el Gobierno señaló en al menos tres oportunidades que no iba a permitir avasallamientos. Este mismo jueves, fue el turno del viceministro de Medio Ambiente, Maggin Herrera, quien señaló que el Gobierno garantizaba la propiedad privada.

“Es paradójico que el Gobierno se pronuncie pero que la Policía se vea rebasada por los avasalladores”, dijo Coca.

Para Coca, el problema en Bolivia es que la justicia, la Policía y el Ministerio Público no son independientes y por ello no existe voluntad para hacer cumplir las normas del procedimiento penal en Bolivia.