Valverde: “Tiene más de dos meses dictada la sentencia (constitucional) y la Gobernación no dice nada”

El periodista Carlos Valverde cuestionó este martes, que en más de dos meses que se dictó la sentencia constitucional que anula varios artículos de la ley departamental de Santa Cruz de conservación de patrimonio natural no se haya informado nada desde la Gobernación cruceña ni la Asamblea Departamental.

La sentencia declara inconstitucional la competencia de la administración departamental de Santa Cruz de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonio natural dentro de su territorio, ya que, según el Tribunal Constitucional (TCP), estas son competencias exclusivas de nivel central.

“Nos está diciendo (el TCP) que lo resolvieron el 8 de agosto y la Gobernación no dijo nada. Pasó todo agosto, todo septiembre y resulta que ya tiene más de dos meses de dictada la sentencia y la Gobernación de Santa Cruz no dice nada”, señala Valverde.

El contenido de la sentencia fue hecho público este martes 10 de octubre a través de la bancada parlamentaria de la agrupación Creemos en Santa Cruz, que salió a denunciar que con este fallo se allana el camino para que el Gobierno construya la carretera por los acuíferos que están en Guendá- Urubó, que es una de las Unidades de Conservación de Patrimonio Natural creadas gracias a la ley 98, declarada parcialmente inconstitucional por el TCP.

La diputada María René Álvarez señaló que la Gobernación de Santa Cruz fue notificada recién el 20 de septiembre, a días del aniversario de la gesta libertaria cruceña, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades departamentales, que anunciaron que se pronunciarán al respecto en horas de la tarde.

El vicegobernador cruceño Mario Aguilera aseguró este martes a mediodía que hasta su despacho no llegó ninguna notificación sobre el tema y que se enteraron de manera extraoficial. Esta autoridad afirmó que hizo las consultas a la Secretaría de Medio Ambiente, donde le aseguraron que desconocían el tema.

La constitucionalidad de la ley fue observada en 2017 por el entonces vicepresidente del Estado, Álvaro García, y asambleístas departamentales cruceños del MAS, que argumentaron un “conflicto de competencias” entre la norma departamental de Santa Cruz y las atribuciones y competencias privativas del nivel central sobre temas de tierra y territorio.

La sentencia establece que el Patrimonio Natural es responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, según el Art. 346 de la CPE y con ello anula los alcances de la ley departamental cruceña para administrar los espacios territoriales de conservación.