No se juzga al Gobierno actual, sino al Estado “por su falta de inacción”, dice procurador sobre sentencias de la Corte IDH

La semana pasada se conoció de tres sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó en contra del Estado boliviano sobre procesos cuyas peticiones fueron hechas en 2003, 2006 y 2012 y por las que se ha determinado una compensación económica en favor de las víctimas.

Al respecto, este domingo, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, señaló que estos “no son juicios perdidos, sino que son de responsabilidad de Estado por inacción muchas veces del órgano judicial o del sistema de investigación penal, siendo más precisos”.

La Corte IDH emitió sentencias por un caso de violación no penalizada y vulneraciones en el proceso, una segunda demanda fue por la desaparición forzosa del entonces diputado Juan Carlos Flores; el tercer caso se refiere a la tortura y violaciones contra familiares de una banda de atracadores, este último caso es conocido como Blas Valencia en alusión al expolicía y líder de la organización criminal.

“El monto que la Corte ha indemnizado a las víctimas es mucho más inferior a lo que pretendían en el acuerdo”, dijo el procurador en entrevista con medios estatales tras precisar que este tipo de procesos son responsabilidades de Estado y no a nivel presidencial, por lo que remarcó que no es correcto señalar al actual Gobierno que lidera Luis Arce, sino que son demandas heredadas que fueron asumidas.

En el caso Flores Bedregal, dentro de las conclusiones, la Corte IDH estableció que existió una falta de diligencia para el desarrollo de la investigación y el proceso penal.

Además, apunta que existió demora excesiva e injustificada para investigar, juzgar y sancionar a responsables del hecho.

Mientras que en el caso Blas valencia, se determinó que el Estado boliviano deberá pagar 786.000 dólares americanos en indemnización para 26 personas afectadas y cumplir las medidas necesarias de reparación.