Juez ordena la detención preventiva de Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro
La audiencia cautelar se prolongó por más de ocho horas y concluyó cuando en Santa Cruz se iniciaba el paro cívico convocado para este viernes
El juez Sergio Pacheco, a cargo del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz determinó la madrugada de este viernes la detención preventiva de Luis Fernando Camacho por cuatro meses en el penal de Chonchocoro.
El juez determinó que Camacho “es con probabilidad autor del (presunto) delito de terrorismo” y señaló como pruebas las declaraciones públicas que hizo el entonces dirigente cívico en las que pidió la renuncia de Evo Morales y las acciones que realizó en la ciudad de La Paz en las horas previas y posteriores a la renuncia del expresidente, como su ingreso a Palacio de Gobierno en plaza Murillo custodiado por la Policía.
“No tenía facultades para ordenar a funcionarios de las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que se constituye en usurpación de funciones”, señaló Pacheco.
La decisión del juez sorprendió a la defensa, ya que en las conclusiones se desvirtuaron los riesgos procesales, como el referido al domicilio del gobernador, asegurando que el Ministerio Público no pudo demostrar que no tiene una dirección confirmada. Los abogados de Camacho anunciaron que apelarán la extrema medida.
Antes de que se lean las conclusiones, el gobernador pidió la palabra para dirigirse al juez y a las personas que escuchaban la audiencia, aseguró que no se iba a rendir e hizo un llamado a los bolivianos.
“Es una lucha por la democracia, es una lucha por Bolivia, a los bolivianos que me escuchan no dejemos que se imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”, señaló.
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Horas de incertidumbre
La definición de la situación jurídica del gobernador cruceño se da a poco más de 30 horas de su aprehensión, tiempo en el que se generaron diferentes protestas en territorio cruceño, pero también en ciudades como La Paz y Cochabamba.
Las primeras protestas se dieron una vez que trascendió la noticia de la aprehensión de la autoridad cruceña, mismas que se trasladaron a las terminales aeroportuarias de Viru Viru y El Trompillo ante el rumor de que sería trasladado a La Paz en algún vuelo comercial.
Fueron horas de incertidumbre, puesto que se desconocía el paradero y la situación de Camacho, tema que no fue resuelto hasta que la Fiscalía emitió un comunicado en el que se informaba que la aprehensión fue ejecutada por el caso ‘Golpe I’.
En medio de las denuncias de secuestro de Camacho, se generaron conflictos que se centraron en torno al Cristo Redentor, donde la peor factura quedó en oficinas del Ministerio Público, cuyo edificio quedó en nada después del incendio que se prolongó hasta la madrugada del jueves.
A esto se suman otros desmanes en entidades como el Tribunal Departamental de Justicia (Palacio de Justicia) e incidentes en el Comando Departamental de la Policía, donde los efectivos respondieron con gasificaciones que disuadieron a los manifestantes.
Mientras que la institucionalidad regional se reunió de emergencia y convocó a una Asamblea de la Cruceñidad, cuya principal determinación fue asumir un paro para este viernes y desconocer al comandante de la Policía, Jhonny Chávez, entre otras medidas.
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La audiencia
En la audiencia, que se inició a las 17:00, se presentaron los argumentos del Ministerio Público. A los fundamentos de la Fiscalía se adhirieron el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, que en sus participaciones reiteraron la tesis del “golpe de Estado” como la principal razón para procesar a Camacho por el delito de terrorismo.
Además, el Ministerio de Gobierno, aseguró que el incendio en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, es un “riesgo procesal” por considerar que esto demuestra que existe la intención de obstruir a la justicia, responsabilizando de estos hechos a sus simpatizantes, aunque no se mostraron pruebas de este presunto nexo.
El abogado defensor de la autoridad, Martín Camacho, presentó los argumentos que desvirtúan los riesgos procesales o de fuga, tales como demostrar que el gobernador cumple con funciones laborales o que cuenta con un domicilio donde reside permanentemente, para los que se presentaron descargos como facturas de pago servicios.
El abogado lamentó que la justicia hubiera desvirtuado las pruebas o que se quiera confundir el desarrollo del proceso, exponiendo que Camacho siempre se presentó cuando fue convocado a declarar, por lo que también demuestra que tuvo un comportamiento adecuado en el proceso.
Además, la defensa cuestionó que se traslade a la autoridad a La Paz para sostener una audiencia virtual o que se hable de tener facilidad de abandonar el país sólo por tener flujo migratorio en su pasaporte.
“Estamos hablando del gobernador del departamento más grande de Bolivia. Es una autoridad electa y no tiene porqué fugarse, sería mucho más lo que tendría que perder si lo hace”, manifestó el abogado Camacho, quien criticó que no se respete su investidura.
El gobernador acudió cada vez que fue convocado o notificado, tal y como sucedió en el mes de junio o a principios de octubre, pero nunca se dio la situación de esconderse o de salir del país y no volver, según la defensa.