Gobierno niega haber influido en la sentencia del TCP que anula artículos de ley cruceña de conservación
La ministra de la Presidencia, María Elena Prada, asegura que, el Ejecutivo no impondrá el trazo de la carretera Santa Cruz - Las Cruces - Buena Vista, y acatarán los resultados del estudio internacional que se realizará.
La ministra de la Presidencia, María Elena Prada, negó este viernes que el Gobierno haya influido en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que deja sin efecto artículos de la ley departamental de Santa Cruz N° 98, en relación a la competencia de la administración departamental de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonio natural dentro de su territorio autónomo.
Además, aseguró que el Ejecutivo no impondrá el trazo de la carretera Santa Cruz - Las Cruces - Buena Vista, y acatarán los resultados del estudio internacional que se realizará.
En pasados días, la bancada opositora cruceña en el Legislativo, acusó al Gobierno de haber incurrido en una injerencia sobre la sentencia emitida por el TCP.
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Al respecto, los Colegios de Profesionales Bioquímicos, Forestales, Ambientales, emitieron un pronunciamiento en defensa de las áreas protegidas de Santa Cruz tras conocerse la sentencia constitucional que anula varios artículos de la ley departamental 98 sobre conservación de patrimonio natural.
Los colegiados advierten que la sentencia pone en “situación de alta vulnerabilidad” 3.3 millones de hectáreas definidas como espacios protegidos en el departamento de Santa Cruz y que fueron reconocidas como Unidades de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN). “colocando en tela de juicio su valor ambiental, social y económico”.
La Ley Departamental 98 fue promulgada el 21 de mayo de 2015, durante la gestión de Rubén Costas, y tiene como objeto “delimitar el marco jurídico aplicable para la conservación del Patrimonio Natural Departamental, con el propósito de proteger y conservar un medio ambiente saludable y equilibrado, promoviendo el turismo en éstos espacios, armonizando los intereses sociales, económicos y ecológicos del Departamento de Santa Cruz”.
La norma define cómo se deben desarrollar varias actividades económicas para que compatibilicen con la conservación del patrimonio natural, entre ellas las actividades forestal, minera, de hidrocarburos, infraestructura y turismo.
La sentencia constitucional fue firmada por los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Petronilo Flores, Brígida Vargas y Karen Gallardo.