Fiscalía: Revocan y anulan declaración de incompetencia para juzgar a Añez por el caso Senkata
Según la Fiscalía, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio curso al inicio de juicio por la vía ordinaria contra Añez
La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó y anuló la declaración de incompetencia por el caso Senkata y dio curso al inicio de juicio por la vía ordinaria, aseguró este viernes la Fiscalía General del Estado.
“La solicitud de apelación presentada por el Ministerio Público, fue valorada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedente la solicitud con lo que se determina que se dé inicio al juicio ordinario en contra de los acusados por los hechos registrados en inmediaciones de la Planta de Senkata, donde fallecieron 10 personas y dejó varios heridos”, explicó el fiscal Juan Lanchipa, citado en un comunicado de la Fiscalía.
A finales del mes pasado, se conoció el Tribunal de Sentencia 4to declinó su competencia para juzgar a Jeanine Añez por el caso Senkata. Ante esto, la Comisión de Fiscales inició con las acciones legales para la presentación de la apelación.
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La apelación fue presentada, pese a que en la resolución de incompetencia se señala en el último punto que “conforme lo establecido en el art. 403 del Procedimiento Penal la presente resolución no admite recurso de apelación”.
En su argumentación, el tribunal explicó en su momento que la acusación del Ministerio Público es contra la exmáxima autoridad ejecutiva del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia.
Además, destaca que las autoridades del Ejecutivo nacional y del Tribunal Supremo Electoral “emanan de las normas promulgadas por Jeanine Añez en su condición de presidenta de Bolivia” y advierten que desconocer esa institucionalidad sería poner en duda la legalidad de las actuales autoridades.
El su momento el tribunal destacó que actuar de manera contraria significa incurrir en delitos establecidos en el Código Penal. “Implicaría emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, sostienen.
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