“Esta imputación es un pedido político”, dice Cuéllar en alusión al proceso por el paro de 36 días exigiendo el Censo
Este jueves se conoció la ampliación de la imputación contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y tres autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm)
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, indicó que recién el miércoles 18 de octubre se enteró de que fue imputado formalmente por el caso paro de 36 días por el censo, movilización acatada el segundo semestre del 2022.
“Esta imputación hecha por el fiscal que está llevando la causa, solamente se basa en una denuncia de un representante político de la Central Obrera de El Alto y en las adhesiones que han hecho el Comité Político del MAS (Movimiento Al Socialismo). Por tanto, esta imputación es un pedido político”, sostuvo este jueves en conferencia de prensa.
Este jueves, se informó que el Ministerio Público amplió esta semana la imputación formal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el ex presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector, Vicente Cuéllar; el vicerrector, Reinerio Vargas; y el asesor, José Luis Santistevan, los últimos tres de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).
Los delitos por los que son acusados son: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones pública, entre otros.
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En su declaración pública, Cuéllar indicó que “se siente acosado políticamente y perseguido” porque considera que no hay ningún indicio de que los imputados cometieron un ilícito.
La denuncia de este caso fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022 contra algunas autoridades de Santa Cruz por los 36 días de paro que se realizaron a favor del censo a finales del año pasado.
Cuéllar consideró que este proceso se impulsó en su contra porque el “Gobierno está viendo que está creciendo todos los días un movimiento ciudadano”, que es impulsado en Santa Cruz. “(con este proceso) Buscan que uno no tenga la fuerza para seguir denunciando los hechos de corrupción o de narcotráfico”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que uno de los primeros testigos que presentarán en este caso será el propio presidente de Bolivia, Luis Arce, pues mientras se realizaba el paro de 36 días, los líderes cívicos se reunían con autoridades nacionales para buscar consenso en los pedidos.