Tras rechazo de Bolivia a sentencia de la CAN, el organismo defiende independencia de sus magistrados
Los magistrados no deben ser sometidos a presiones políticas o de otra índole que pueda condicionar o comprometer la imparcialidad de sus actuaciones, apuntaron desde la CAN
En medio de la controversia por un fallo de la Comunidad Andina (CAN) que obliga a Bolivia a enmendar sus acciones por incumplir las normas comunitarias en la venta de combustible a transportistas de países miembros de este organismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) defendió la independencia de sus magistrados tras los dichos de las autoridades bolivianas.
El Gobierno boliviano anunció que se realizará una representación ante el TJCA por la resolución que obliga a resarcir la mencionada situación, observando también que el magistrado boliviano Gustavo García Brito, quien “votó en contra de los intereses nacionales”, tiene una demanda planteada por la Cancillería debido a una presunta designación irregular.
El canciller Rogelio Mayta apuntó que los magistrados del TJCA se designan en una reunión de plenipotenciarios, generalmente en Ecuador; esas reuniones las lleva adelante el canciller o la canciller de Ecuador junto a los embajadores plenipotenciarios de la CAN, en este caso de Perú, Bolivia y Colombia.
Ante esa situación, la Cancillería se vio en la obligación de iniciar procesos legales, precisamente, “por las actuaciones anómalas que se habían dado”, dando conocimiento de la determinación y de esa acción a los demás miembros de la CAN, según el canciller.
Sin embargo, desde el TJCA defendieron que los magistrados gozan de plena independencia en el ejercicio de sus funciones y cuentan con los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones.
“La garantía de la independencia del Tribunal se apoya esencialmente en la autonomía e imparcialidad de sus magistrados, quienes ejercen una función judicial comunitaria y supranacional. Los magistrados del TJCA son autoridades jurisdiccionales de la CAN y en el ejercicio de sus funciones responden única y exclusivamente al Tribunal y al derecho andino”, sentencia desde el ente internacional.
Asimismo, el Tribunal expuso que sus magistrados, sin distinción de su nacionalidad, deben actuar con absoluta independencia durante el trámite y la decisión de todos los procesos judiciales que son sometidos a su jurisdicción, y no deben ser sometidos a presiones políticas o de otra índole que pueda condicionar o comprometer la imparcialidad de sus actuaciones.
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“El TJCA debe determinar la interpretación y aplicación de la norma andina. No es para nada extraño que los magistrados voten en contra de su país de origen, pues en estricto sentido, al ser jueces comunitarios, y salvo los casos de impedimento o recusación, no pueden abstenerse de actuar y anteponer el interés nacional de sus países de origen a la correcta administración de justicia comunitaria andina”, reza otra parte del reporte.
Para el Tribunal, los magistrados no son mandatarios de los gobiernos de sus países de origen. Ellos votan y fallan en función del derecho aplicable y sus convicciones. No es causal de abstención, inhibición o recusación el que una parte procesal sea el gobierno del país de origen de los magistrados de la corte andina.
“La independencia del TJCA y la de sus magistrados es un pilar fundamental para salvaguardar la estabilidad del proceso de integración subregional, asegurar el efectivo cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidas por los Estados en el marco de dicho proceso”, concluye el comunicado.
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