Jubilados ven con recelo los “candados” que la Gestora dice que garantizan el Sistema de Pensiones

Después de que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que existen cinco “candados” que garantizan la seguridad de los aportes en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), los jubilados ven con recelo este anuncio y lanzaron sus observaciones al exponer que es el mismo Gobierno el que creó y tiene las llaves para este sistema.

La presidenta de la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (Asoaf), Ana María Pomar, manifestó que se ha puesto un candado y no se da la llave al dueño de los aportes y cuando se busca tomar algo ajeno no hay candado que aguante.

Del mismo modo, desde la Confederación del Sistema Integral de Pensiones han pedido tomar parte en las iniciativas en las que se contemplan medidas que giran en torno a los ahorros de los aportantes, que ascienden a $us 23.240 millones, según cifras de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

Tales medidas fueron explicadas por el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, quien en una entrevista con medios estatales detalló los cinco candados que buscan dar certezas a los sectores que se han movilizado en las calles desde inicios de octubre para mostrar su postura sobre la labor que realiza la entidad y el manejo de las pensiones.

El economista Gonzalo Chávez lanzó una serie de observaciones a los cinco candados que tienen “pleno respaldo” de los jubilados.

1) Los aportes son patrimonios autónomos, el único destino de los recursos es la inversión para generar rendimientos y posteriormente financiar la pensión de jubilación, según el titular de la Gestora.

“Aquí el tema es quién decide invertir y dónde los recursos de los patrimonios autónomos. Cuando la Gestora se haga cargo de los recursos de los aportantes serán los militantes del partido (en referencia al masismo) que tendrán la llave de este candado”, manifestó Gonzalo Chávez a Unitel.

2) Los aportes están fiscalizados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), que a diario revisa los movimientos y manejo de los recursos para garantizar que todo movimiento se ejecute en el marco de la Ley.

“Gestora y Fiscalizadora son el Estado, son juez y parte. Ambas instituciones son controladas por burócratas y políticos. Nuevamente la llave de este candado la tienen los militantes del partido de turno”, expuso el economista.

3) Los aportes están abiertos al control social, con apertura y transparencia hacia las rendiciones públicas de cuentas para que la gente conozca al detalle las acciones de la Gestora Pública.

“Generalmente el control social son las organizaciones sociales y sindicales vinculadas al Gobierno. Otra vez la llave del candado la tienen los militantes políticos”, remarcó Chávez.

Pomar manifestó que hasta la fecha siguen esperando que haya una apertura clara para impulsar las labores de control social y que se realice la observación de la migración de los datos de las dos anteriores administradoras de fondos de pensiones (las firmas privadas BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia) al sistema público.

4) Los aportes son controlados por el jubilado, como asegurados cuentan con una cuenta personal que guarda los registros de sus aportes y los rendimientos que generan sus recursos a medida que se construye el capital para la jubilación.

“El jubilado puede ver sus recursos, pero no tiene ni voz ni salida sobre su dinero”, agregó el economista a sus observaciones.

5) La Ley obliga a que los estados financieros sean auditados por una empresa externa independiente, que debe revisar que se cumpla con todo lo establecido en la norma y los reportes deben ser expuestos al Estado y deben ser publicados a través de todos los medios de difusión.

“Este es un control a posteriori que existe en todas las empresas. Si la plata se manejó mal se descubre un año después. ¿Quiénes realizan el requerimiento de devolución de fondos o de responsabilidades de malas inversiones? Son nuevamente los políticos. ¿Quién tiene la llave del candado?”, cuestionó el analista.

Sin embargo, desde la Gestora Pública informaron a Unitel que se han desarrollado cerca de 40 eventos de socialización con diversos sectores sociales sobre la labores de la entidad y que incluso esto se difundió a través de sus plataformas y que la agenda es abierta y dinámica, ya que están respondiendo a nuevas solicitudes de sectores que llegan hasta el buzón de la nueva administradora de las pensiones.

El economista Gonzalo Chávez observó que el sector minero haya logrado la suspensión temporal de la migración de sus datos al nuevo sistema, ya que no es una solución al problema, sino una manera de comprar tiempo y desactivar momentáneamente otro conflicto social. “Se otorga un privilegio a un grupo, cuando todos somos iguales frente a la Ley”, apuntó.

Chávez sostuvo que al parecer el Gobierno cree que el problema con la Gestora es comunicación y socialización de una norma que tiene 12 años (La ley de Pensiones 065 se aprobó en 2010 y así sentó las bases para la creación de la entidad) y por eso se ocupan de dar su opinión y exhibir las virtudes de la Gestora y mostrar que los más 23.000 millones de dólares de los aportes a las AFP.

No obstante, el economista contempló que es necesario modificar la Ley de Pensiones con base en un gran acuerdo nacional, así como se debería permitir la existencia de más de una gestora (nada como la competencia para generar eficiencia), donde se tenga un gobierno corporativo o gobierno interno con perfiles competentes en el tema.

“Introduciendo real competencia en el manejo de nuestros recursos, los aportantes podríamos elegir entre las gestoras públicas y privadas utilizando criterios como rentabilidad, buen servicio, transparencia y seguridad, como en el sector bancario”, concluyó Chávez.

Desde el sector de jubilados manifestaron que están alistando un documento que será expuesto al Gobierno de manera pública en los próximos días, donde pedirán que la Gestora gestione y administre únicamente lo relacionado a la Renta Dignidad y que la administración del Sistema de Pensiones sea tuición entidades especializadas al margen de la política y con experiencia comprobada en el tema, donde se incluya a especialistas enviados por sectores que aportan a dicho sistema.

A esto se sumará el pedido que la Gestora contrate mediante un proceso de licitación internacional a otras administradoras de fondos de pensiones para la administración previsional contributiva.

“Se debe evitar a toda costa que la Gestora se transforme en un botín político y nido de corrupción del gobierno de turno, ya que el objeto de mejorar los rendimientos de las inversiones que se generan con recursos de los ahorros de los trabajadores bolivianos”, expusieron desde Asoaf, entre otras demandas que se darán a conocer próximamente.

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